Más del 27% del territorio del estado español está incluido en la Red Natura 2000, la política europea común en materia de conservación de la naturaleza. En ella están integrados los 15 Parques Nacionales y los 137 Parques Naturales, existentes en la actualidad, además de las Reservas Naturales, las Áreas Marinas Protegidas, los Monumentos Naturales y los Paisajes Protegidos, hasta una cifra que sigue creciendo y que ya ronda los 2.000 espacios naturales protegidos.
De forma progresiva, la población también se ha ido acercando al patrimonio natural hasta convertido en un recurso turístico más. Según el Artículo 19 de la Constitución Española: los españoles tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional y como así indica también el Artículo 45: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Los habitantes de las ciudades sienten cada vez más la necesidad de estar en contacto con su entorno natural y eso conlleva un desgaste y un deterioro del mismo. Por tanto, nos encontramos ante una pregunta que muchos se hacen y que está relacionada con la conservación de la naturaleza: ¿Deberíamos pagar para poder acceder a los espacios naturales?
Según la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, el Organismo Autónomo Parques Nacionales impulsará la colaboración público-privada que permita la incorporación de recursos financieros adicionales para la gestión de la Red de Parques Nacionales procedentes de la iniciativa privada y del sector empresarial.
Este debate en España se había abierto unos años antes, cuando los recortes en los primeros años de la crisis económica afectaron a la conservación del medio ambiente. De este modo y siguiendo el modelo inglés o el de Yellowstone (EE.UU.), en Cataluña, los espacios naturales de protección especial se regularon por Decreto aplicando precios públicos a los servicios que se prestan (acampada, aparcamiento, visitas, sesiones fotográficas…).
En Navarra se cobra por el aparcamiento controlado en temporada alta en algunos recorridos (Sendero de Orgi, Embalse de Irabia, Irati…). Otros, como el del Nacedero del Urederra, han limitado su aforo a 450 personas diarias y es necesario reservar previamente a través de web para acceder a él.
Los senderos y paseos de mayor éxito de público, tienen en nuestro país regulaciones parecidas. Así: el Caminito del Rey (Málaga), tiene agotadas sus entradas con varios meses de antelación (precio actual: entrada 10 € y visita guiada 8 € más); el Sendero Telesforo Bravo (Tenerife) que da acceso a pie hasta el Pico del Teide, sólo puede transitarse previa obtención del correspondiente permiso; en Congost de Mont-rebei (Huesca), es necesario reservar plaza en el parking de La Masieta, de pago, en determinadas épocas; en el Nacimiento del Río Mundo (Albacete) hay que pagar el parking y en el Barranc del Horts (Castelló) es imprescindible pedir permiso para visitarlo, aunque es gratuito. La Ruta del Cares (León-Asturias), sin embargo, sique siendo de acceso libre y gratuito.
Otro tipo de espacios naturales también han tenido que salvaguardarse del turismo masivo, como por ejemplo el Drago de Icod (Tenerife), árbol protegido que se ha tenido que proteger de las visitas masivas, o la Playa de las Catedrales (Lugo), donde admiten a 4.812 personas al día, previa inscripción a través de web o de los alojamientos. En Geoparkea (Gipuzkoa) se cobra por servicios de visitas guiadas
Nuestra opinión es que si el pago que realiza el usuario se produce por el acceso a determinados servicios o infraestructuras (carreteras, centros de información e interpretación, aseos, aparcamientos…), si hablamos de precios razonables y si además, el dinero lo destinamos al mantenimiento del espacio, a su vigilancia ambiental y a la gestión del entorno, la respuesta debería ser positiva. La administración tendrá que discernir entre aquellos espacios que deban ser gestionados de esta manera de aquellos otros que no.
En la actualidad, deberíamos tener presente el problema de la despoblación del medio rural y deberíamos buscar y ofrecer todo tipo de alternativas de vida a la escasa población que todavía vive en nuestros pueblos.
Un ejemplo que puede ser ilustrativo, es el caso de Tobía (La Rioja), en cuyo término municipal se halla el hayedo de Tobía, el hayedo más espectacular de toda la provincia y quizá el más visitado, gracias a que alberga en su interior el área recreativa de El Rajao, a la que acuden cientos de personas a lo largo del año. Sin embargo, Tobía es un pueblo casi despoblado y sin servicios, que contaba con 200 habitantes en 1950 y con 47 en la actualidad (Nomenclator, 2018), en su mayoría jubilados.
Carlos Fuentes Ochoa. Vía. Medioambiente y cultura